Un modelo de desarrollo que concentra tierras y mano de obra. Montes de María

Tomado de Elespectador.com http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-271613-montes-de-maria

Recorrido por una región del norte del país, muy productiva pero donde el conflicto de tierras no se detiene. Antes amenazaba la mano negra de la guerrilla y ahora intimida la de los 'paras', igual que ocurre en otras regiones como Urabá.

Los Montes de María —o Serranía de San Jerónimo— son una región montañosa con una larga trayectoria de conflictos sociales y agrarios. Los indígenas chimilas y zenúes no fueron fáciles de dominar y hasta finales del siglo XVIII resistían y peleaban sus territorios y su cultura. Desde el siglo XVI sus montañas habían sido pobladas por negros cimarrones escapados de minas y haciendas. La Corona española mandó a don Antonio de la Torre y Miranda a construir caminos y fundar poblaciones para implantar su dominio. Abrió el camino entre Sincelejo y Cartagena y fundó 43 poblaciones, como Ovejas, Carmen, San Cayetano, San Antero y San Juan Nepomuceno, y distribuyó tierras y solares entre la gente atraída por las obras.


Una reforma agraria que contribuyó a crear un campesinado fuerte y muy arraigado a la tierra. Montes de María es desde entonces una isla de parceleros rodeada por todas partes de latifundios ganaderos. Las guerras civiles impulsaron la fundación de haciendas a costa de tierras campesinas y durante la Hegemonía Conservadora el ritmo se aceleró.

Al occidente de la Serranía de San Jerónimo existía uno de los más grandes latifundios de la región, la Hacienda San Agustín, de la familia Vélez Danies, que en 1906 se convirtió en el Ingenio Sincerín, que fabricaba mieles hasta que los azucareros del Valle lo derrotaron. Entonces el gobierno de Carlos Lleras lo adquirió para construir un distrito de riego y parcelar sus tierras.

Es una región privilegiada por la calidad de sus suelos, suavemente inclinados hacia la ciénaga de María la Baja, y de fácil comunicación con Cartagena y Barranquilla por agua y por carretera. El Distrito tenía el propósito de crear una clase campesina empresarial y disminuir la presión sobre las grandes propiedades, lo que en realidad no se logró, como pudieron dejarlo ver con nitidez las 640 invasiones campesinas entre 1971 y 1972.

La creación misma de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en 1969 por Lleras mostró el miedo fundado que tenía su gobierno de un retroceso en materia agraria a favor del latifundio. Lo que en efecto sucedió con el Pacto de Chicoral, en 1973. Terminados los trabajos, el gobierno distribuyó las tierras e instaló unos 600 beneficiarios con todas las de la ley: títulos, créditos, asistencia técnica, escuelas, puestos de salud, cooperativas, vías, sede administrativa.

La mayoría de los parceleros se dedicaron al cultivo del arroz con buenos resultados y una minoría fue organizada en cooperativas ganaderas con contradictorios desenlaces. No obstante, poco a poco la propiedad tendió a la concentración. Los parceleros endeudados vendían su tierra para no ser rematados y así la concentración de predios fue sacando la cabeza.

El cultivo del arroz riego se impuso poco a poco. Muchas tierras fueron arrendadas a cultivadores de Meta y de Tolima; se construyó un gran molino y todo parecía miel sobre hojuelas. Hasta que se abrió la economía, en los años 90, el arroz fue importado del sudeste asiático y los arroceros quebraron. La ley de la bancarrota se impuso de nuevo y la concentración de la tierra continuó acentuándose. La ganadería con pastos mejorados conoció su mejor época.

Cosecha de muerte

Al mismo tiempo, frentes guerrilleros de las Farc, el Epl y el Eln echaban raíces en la región. Los secuestros, la toma de pueblos, los ataques a la fuerza pública y la extorsión arreciaron entre 1999 y 2002, período en el que llegaron a la zona los grupos paramilitares comandados por alias Cadena y alias Juancho Dique. Los paramilitares nacidos en 1997 en la finca Las Canarias de Miguel Nule Amín cometieron 56 masacres en la región y 20.677 personas se vieron obligadas a desplazarse.

En el corregimiento de El Salado, 70 campesinos fueron torturados y asesinados; en Chengue, 27 muertos a garrote y machete, según El Espectador. Los paramilitares fueron organizados por “hacendados y políticos, que eran los mismos, pues desde tiempos de la Colonia, un puñado de familias eran las dueñas de esas tierras. Por siglos, los García, los Guerra, los De la Ossa, los Badel, los Martelo, entre otros, habían mandado en casi todo en estos montes verdes de ceibas milenarias” (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010). 

En el año de 1998 se conformó el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), compuesto por los frentes Canal del Dique, Central Bolívar y Golfo de Morrosquillo. En julio de 2005 se desmovilizaron 594 paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María. En abril de 2008 el Ejército anunció el aniquilamiento de las Farc en la región con la muerte de Martín Caballero y la dispersión del frente 37 de las Farc.

Unos meses antes, en abril de 2007, el gobierno de Uribe creó el Centro de Consolidación y Acción Social, con miras a “lograr la unidad de esfuerzos requerida para derrotar a la insurgencia”. El programa, inspirado en la Doctrina del Salto Estratégico, autoriza a los organismos de seguridad del Estado a participar en la planeación, la administración y la ejecución de acciones gubernamentales.

Tierra en pocas manos

Por la misma época fue denunciada la compra de tierras de manera masiva y acelerada por empresas como Tierras de Promisión, Arepas Don Pancho, Agropecuaria El Carmen y Agropecuaria El Génesis. El trámite era expedito: el negociador llegaba a donde los campesinos deudores de los bancos con lista en mano y documentos autenticados que evidenciaban el remate próximo de su parcela y les ofrecía compra inmediata para salvar la tierra. El trato se cerraba con la firma de la escritura en una notaría, muchas veces fuera de la región.

Un modelo distinto surge con los acuerdos de “alianzas productivas” llevadas a cabo entre un grupo empresarial (Oleoflores, Fundeflores, Fundemaría, Promotora Hacienda Las Flores S. A.), encabezado por Carlos Murgas Guerrero, y firmado con los propietarios, pequeños, medianos o grandes del distrito de riego. El señor Murgas fue ministro de Agricultura del gobierno de Pastrana, gerente de la Caja Agraria, presidente de Fedepalma y personaje muy cercano al expresidente Uribe; quizás el mayor palmicultor del país, con propiedades en Cesar y dueño de una procesadora de biodiésel en Codazzi, la primera en el país.

Murgas es un gran conocedor de la economía agropecuaria, lo que le permitió ver con toda claridad que el verdadero negocio no estaba en la propiedad sobre la tierra, sino en el control de su utilización. A principios del año 2000 el distrito de riego de María la Baja estaba prácticamente quebrado. Las fincas arroceras se transformaban en ganaderías y los pequeños agricultores iban camino a la bancarrota, pero esta vez, en lugar de comprar las tierras, Murgas les propuso a todos un trato: asociarse a la Hacienda Las Flores.

Para publicitar su proyecto compró unos pocos predios, que sumados no serían más de 100 hectáreas, alrededor del antiguo molino de arroz. Seleccionó media docena de parceleros medio quebrados y les propuso cultivar palma, para lo cual Hacienda Las Flores financiaría la semilla, la asistencia técnica, los fertilizantes y, de remate, les compraría el fruto tan pronto se comenzara a cosechar. Mientras tanto los futuros socios serían jornaleros de su propia parcela.

A diferencia del arroz, que emplea nueve jornales por hectárea, la palma contrata menos de uno. Nada podían perder los seleccionados y sí tenían mucho por ganar, como lo constataron los demás campesinos del distrito cuando vieron que el experimento comenzaba a dar frutos: equipos de sonido, celulares, casas, carros y becas. Los seleccionados eran la encarnación viva del éxito, aunque en el fondo nadie desconociera el apoyo millonario que recibían de Murgas.

Todo el mundo quiso participar en la bonanza de la palma. Con el apoyo del gobierno y del hoy tan cuestionado Rodolfo Campo Soto, exgerente de Incoder, el Banco Agrario diseñó una línea de crédito especial consistente en un préstamo respaldado por una asociación de beneficiarios creada para el efecto. La novedad consiste en que el dinero es administrado por la Promotora Las Flores para pagarse por la derecha todos los insumos que la producción del corozo ha requerido, desde la semilla hasta el transporte a la extractora Hacienda Las Flores para ser llevado a Codazzi y procesado como biocombustible.

Bien vistas las cosas, todos los riesgos los asume el campesino. Más aún, hoy el distrito de riego es manejado por una asociación de usuarios, Usomaría, cuyo director es el señor Murgas. Los asociados al programa son grandes y pequeños; unos viven de la renta de su tierra y del rendimiento de su alianza en Cartagena; los otros, en la región.

Nadie puede decir que el negocio no es bueno y que al fin de cuentas ha sido posible tras la derrota de la guerrilla en Montes de María. Pero también todos saben que las protestas son pocas y las pocas se asfixian en la fuente; los paramilitares rondan, panfletean y cobran seguridad. Los beneficiados del nuevo modelo de responsabilidad empresarial son una minoría. Seguirán siéndolo cuando el proyecto cubra de palmeras las 20.000 hectáreas del distrito de riego; la extractora de aceite está preparada justamente para esa producción. Alrededor del distrito, el conflicto de tierras no se detiene, tanto así que el gobierno está diseñando dos Reservas Campesinas, que podrían estar ubicadas en la zona alta de la serranía, de manera que cumplan un papel similar al de los embalses: regular un insumo específico: la mano de obra. 

 * Sociólogo, autor de una veintena de libros sobre la guerra en Colombia y columnista de El Espectador.