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Los Montes de María y el desarrollo rural: condiciones para un proceso de concertación

 Fuente:  www.etnoterritorios.org

Nyria Ramírez  y Gabriel Tobón
Observatorio de Territorios Étnicos

En medio de las difíciles condiciones que afronta el campo, comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas de los Montes de María deciden construir una propuesta de desarrollo campesino y étnico para analizar y concertar con empresarios de la tierra y el gobierno nacional soluciones a los problemas de la región.


En momentos en que el gobierno nacional y las Farc, con la participación incipiente de la sociedad civil, están nuevamente en un proceso de negociación de acuerdos de paz, numerosas organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas de la región de los Montes de María, conformada por quince municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, decidieron buscar ellas mismas soluciones a sus problemas para lo cual propusieron, entre otras, una mesa de interlocución con representantes del gobierno y los empresarios agroindustriales de la zona, con el objetivo de dialogar sobre las políticas de desarrollo rural y de tierras de su región, uno de los puntos de la agenda temática en los diálogos de La Habana.

Una de las principales exigencias que movilizan a los campesinos, afrodescendientes e indígenas es la defensa y protección de su territorios y de su cultura, el derecho a la vida, una economía campesina próspera y que les permita vivir en buenas condiciones, su permanencia tranquila en el territorio, así como la garantía de un desarrollo territorial agrario y rural y que además de tener en cuenta la productividad, respete, proteja y promueva los usos sociales, ambientales, culturales, tecnológicos y políticos del mismo.

Es así como en la región se vienen adelantando varias iniciativas sociales y comunitarias, entre las que se destacan la conformación de dos zonas de reserva campesina (ZRC), así como la conformación de una mesa de concertación, iniciativa esta de las organizaciones sociales y de los encuentros nacionales de ZRC, para discutir, analizar y buscar posibles soluciones a las principales problemáticas que afrontan los campesinos, afrodescendientes e indígenas que la habitan.

En los foros, encuentros y talleres en los que se han venido discutiendo y acordando los puntos clave que se llevarán a la mesa de negociación, ha prevalecido una de las demandas históricas del campesinado montemariano, el fortalecimiento de la economía campesina como uno de los pilares de una política rural. Así lo confirmaron durante el Foro regional de agosto de 2012:

Tenemos en cuenta que las tierras rurales tienen otros usos distintos de los agrícolas, pero reafirmamos que los usos agrícolas son los más importantes. La experiencia de los Montes de María da fe de ello. Cuando ocurrió el colapso del proyecto arrocero, generado por las políticas estatales, fue la economía campesina y la producción alimentaria lo que permitió sostener cierta estabilidad política y social en el territorio. La futura implementación de políticas agrarias y de tierras en la región debe tener en cuenta esta experiencia. En la búsqueda de equilibrios sociales y políticos se tiene que privilegiar la economía campesina e identificar cómo pueden coexistir sin competir por tierras, agua y otros recursos y por el apoyo estatal con otros modelos de desarrollo que existen en la región. (Conclusiones Foro regional, 11 de agosto 11 de 2012)

Cabe resaltar que esta propuesta de llamar a la concertación al gobierno nacional y al empresariado se presenta en una región como los Montes de María, donde el conflicto armado, que tuvo graves consecuencias para la vida y los bienes de un gran número de pobladores de la región, sigue vigente, y se evidencia en la presencia y accionar de grupos armados como las Farc, ELN, y en la recomposición de grupos paramilitares que actúan con nuevos nombres pero con el mismo objetivo: controlar el territorio y las rutas del narcotráfico; donde hay unos poderes locales capturados por estos grupos, cómplices de los graves hechos de violencia y corrupción de la región; donde se vive un proceso de restitución y de retornos sin las garantías para su ejecución, en medio de la crisis de los sectores agrícola, pecuario y piscícola por falta de tierras y de programas que respalden su producción; y de un contexto de resistencia y movilización de un movimiento campesino ya histórico que junto a comunidades afros e indígenas proponen ahora la expedición de figuras jurídicas que les permita proteger estos territorios que habitan desde hace décadas y ocupan mediante prácticas tradicionales los campesinos y miembros de los grupos étnicos.

Desde hace años y en diversos encuentros e instancias, estas comunidades rurales han manifestado el cansancio que tienen de vivir esta situación de iniquidad entre quienes históricamente han habitado estos territorios y los nuevos dueños de la tierra o de los recursos para trabajarla.

El contexto de la conformación de la mesa de concertación

Las difíciles condiciones en que viven los habitantes del campo en los Montes de María hacen urgente y necesario este espacio de negociación, para garantizar la estabilidad de la población rural. Sin embargo, son precisamente los problemas por la tierra y la violencia los que pueden convertirse en un gran obstáculo para que las organizaciones puedan participar y los escenarios de diálogo no se conviertan en un campo de batalla.

Las cifras y los hechos del conflicto armado en esta región así lo dejan entender:

Entre 1997 y 2010 el 55% de la población fue expulsada, es de decir que de los 430.000 habitantes de los quince municipios, 234.098 fueron obligados a desplazarse, yéndose principalmente hacia los cascos urbanos. Y muy pocas familias han retornado, por falta de garantías o porque desde su desplazamiento han pasado muchos años y al regreso tendrían que empezar de de nuevo desde cero.

Los procesos de restitución que se adelantan actualmente no presentan un panorama alentador; así, el asesinato en el último año de cuatro líderes que estaban en el proceso de reclamación de tierras para las víctimas de despojos y desplazamientos, las amenazas continuas contra las mesas de víctimas, como el caso de los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan, el Guamo y San Onofre, los atentados como el realizado a una líder de la organización Narrar para vivir en el municipio de San Juan, y otros actos de intimidación, dejan ver con claridad el interés por impedir que los campesinos regresen a sus tierras y generar miedo para que otras comunidades lo logren .

Otra de las situaciones analizadas por quienes lideran esta Mesa de concertación es como restituir tierras en una región donde este recurso escasea, caso de El Salado analizado en una columna de El Espectador el 10 de diciembre pasado, en la que se plantea la difícil situación que enfrenta el proceso de restitución de tierras a los habitantes de El Salado en el Carmen de Bolívar, en donde según la columnista apenas 37% de los campesinos tienen tierra y solo una mínima parte posee títulos, viéndose obligada la mayoría a cultivar en tierras prestadas o arrendadas.

“El Salado es hoy uno de los pilotos de la política de restitución de tierras. Y aunque el gobierno tiene la voluntad de titularles parcelas a los campesinos, se ha encontrado con un obstáculo mayor: no hay baldíos y los predios que circundan a El Salado están en manos de los empresarios de marras.

Más allá de la adquisición de tierras es la restitución de tierras, que debe ir acompañada de procesos de retorno y reubicación. Un problema es el contexto de conflicto en el que se están dando la restitución, eso se puede prestar para que se legalice la tierra a los despojadores, o para que los campesinos sigan siendo presionados para que vendan (relatorías del encuentro preparatorio de la mesa realizado el 9 y 10 de noviembre de 2012).

Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012, en varios municipios de Montes de María hacen presencia hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas”. Según informes de organizaciones de derechos humanos estos grupos se hacen llamar ejercito antirestitución.

La escasez de tierra para la restitución y para el ejercicio del derecho a la tierra por parte de los habitantes históricos es evidente en el hecho de que de las 134.000 hectáreas entregadas por el Incora entre 1963 y 2007, 63% (84.4230) están en manos de empresas y fiducias.

Según datos del Registro único de predios y territorios abandonados, municipios como María la Baja, reconocida como despensa agrícola de la región y que producía gran cantidad de los alimentos que llegaban a Cartagena, se vio obligado a vivir el abandono de un gran porcentaje de sus tierras, por lo que en 2010, había 21.785 hectáreas abandonadas, de las 54.700 que cubre el municipio

Los monocultivos de la palma de aceite para la producción de biocombustible, y de maderables como la teca y el eucalipto han ido creciendo entre compra masiva de tierras, el abandono de las parcelas y el despojo evidente.

¿Y la economía campesina?
Las propuestas de los campesinos, afros e indígenas enfatizan en el fortalecimiento de la economía campesina y afirman que el gasto público no contempla equitativamente esta economía, porque para el gobierno  nacional  y  su  actual política agraria este tipo de forma de vida no es rentable ni
competitiva en los únicos términos del mercado.

En una publicación regional de 2009, se establecía que entre 2000 y 2008, a la región de los Montes de María solo se destinaron $52.961 millones fomentar la producción a. “Si tenemos que para el 2003 el número de productores fue de 52.245, en promedio le correspondió a cada agricultor la suma de  $97.923 pesos. Mientras tanto para el 2007, los productores disminuyeron en un 46,7% o sea su número fue de 27.855, correspondiéndole a cada agricultor la suma de $402.477 pesos anuales”, explica el autor.

En esta región el área dedicada a la agricultura creció solo 3,4% entre 2005 y 2007, mientras el área dedicada a pastura para el ganado lo hizo en 19,5%. 

Por su parte, entre 2007 y 2008 el programa Agro Ingreso Seguro otorgó a los pequeños campesinos de la región un total de  $258’000.000 (103.200 euros) para financiamiento de sus actividades productivas, mientras que los medianos y grandes productores captaron un total de 2.498 millones
(999.200 euros) (véase informe “Análisis del Plan de consolidación de Montes de María. Marzo 2012).

Cuando ocurrió el colapso del proyecto arrocero, generado por las políticas estatales, fue la economía campesina y la producción alimentaria lo que permitió sostener cierta estabilidad política y social en el territorio. La futura implementación de políticas agrarias y de tierras en la región debe tener en cuenta esta experiencia (Conclusiones del Foro regional campesino, 11 de agosto de 2012, María la Baja).

Desde el punto de vista ambiental

De acuerdo con los campesinos:

El paisaje de los Montes de María, es agrodiverso, combina fincas campesinas con bosques secos tropicales, uno de los bosques más amenazados por la agroindustria y la ganadería a gran escala. La palma y los árboles de  teca vulneran la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas manejados por los campesinos, indígenas y afrodescendientes de la región. Sin duda, estos cultivos no solo controlan y concentran la propiedad y el uso de la tierra, sino que configuran un paisaje distinto donde el acceso al agua es limitado y controlado por las demandas de  uno o dos cultivos controlados por la agroindustria. El agua entendida como  recurso natural y derecho fundamental (Foro regional campesino, 11 de agosto de 2012).

Estas problemáticas obligaron a que antes, durante y después de la creación de las dos últimas zonas de reserva campesina en la región  las organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes e indígenas  elaboraran y presentaran a la mesa de concertación  unas propuestas centrales,  que se examinan a continuación.

Las propuestas campesinas a la mesa de concertación

En primer lugar los campesinos, los consejos comunitarios y los resguardos indígenas que integran este proceso proponen como punto central la redefinición del modelo de desarrollo rural imperante en Colombia, y a cambio proponen un modelo de desarrollo rural incluyente y democrático, que, en sus palabras, debe ponerle limite a la expansión de  la economía capitalista basada en la agroindustria, que hasta ahora emplea y sobreexplota la mano de obra asalariada de los jornaleros agrícolas  y los pobres del campo, y se logre el fortalecimiento de la economía campesina que se basa en el uso de la mano de obra familiar y cuya producción está orientada básicamente hacia el autoconsumo y no a la obtención de rentas y utilidades.
                                                         

El análisis de la situación ambiental a la que se enfrenta esta mesa de interlocución es más desarrollada en el artículo Modelos de Desarrollo en Montes de María de esta misma edición del Boletín electrónico del Observatorio.

En este link puede acceder a las ponencias presentadas durante el Foro regional campesino realizado en María la Baja en agosto de 2012, y que contiene parte las propuestas que se han complementado en los encuentros zonales de campesinos, afrodescendientes e indígenas.


Los campesinos,  afrodescendientes e indígenas han vivido secularmente las consecuencias, exclusiones,  iniquidades, injusticias y violencias del modelo de desarrollo rural basado en la agroindustria y el monocultivo, orientado a la exportación de sus pocos productos. Tal situación se
constata también en  el Informe de desarrollo humano de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), cuando concluye que: “El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las
diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales” (PNUD, 2011: 19).

La propuesta campesina, reconoce y acepta la existencia  inevitable  de un territorio y modo de producción capitalista en el campo, pero reivindica, lucha y defiende el territorio campesino, su modo de producción campesino que es esencialmente distinto del otro, es parte sustancial de su vida, de su cultura, su modo de ser y sentir, y lugar por excelencia donde desarrolla día a día su proyecto de vida, teje sus relaciones, afectos y sus sueños de esperanza, los que se ven precisamente arrasados por la violencia  económica,  física, sicológica y simbólica que representa el modelo groexportador
encabezado por los capitalistas agrarios que a costa de todo y de todos expanden sus monocultivos y sus relaciones con los demás, caso de la región de los Montes de María con cultivos como la palma aceitera para producir agrocombustibles, la teca y la ganadería extensiva, mediante la explotación de la mano de obra local, el deterioro acelerado de los ecosistemas locales y la apropiación y afectación creciente de las fuentes de agua.

El modelo de desarrollo campesino, como diría Bernardo Mançano (2010) se construye socialmente “… a partir de la producción de cultivos varios, en pequeñas escalas, donde predomina el trabajo familiar, en su mayoría con baja mecanización, con biodiversidad sin utilización de agrotóxicos” (p. 6).
A diferencia del modelo del agronegocio, que según el mismo autor se caracteriza por la producción de “… monocultivos en grandes escalas, con trabajo asalariado, intensamente mecanizado y con la utilización de agrotóxicos y semillas transgénicas” (Ibíd.).

Desde la reivindicación del modelo de desarrollo campesino es posible comprender otra de las propuestas fundamentales presentadas por los pobladores rurales (campesinos, afrodescendientes e indígenas) de los Montes de María, en Foro de la Tierra realizado el 26 de noviembre de 2012,  en la ciudad de el derecho a la tierra y al territorio, aspectos determinantes para su existencia, su vida y sus proyectos comunitarios, individuales y colectivos.

Los campesinos demandan de las instituciones públicas agrarias que las tierras baldías de la nación y las que se han decomisado a los narcotraficantes les sean entregadas a  ellos y no a las grandes multinacionales y a los grupos económicos colombianos (Santodomingo, Ardila Lule, Sarmiento Angulo, Manuelita, Cementos Argos, etcétera), para  los que la tierra y los recursos naturales  solo representan una inversión más  con la que  solo  esperan aumentar sus ganancias y satisfacer su voracidad capitalista, sin relación alguna con un proyecto de vida que tenga relación con los territorios donde invierten.

Del mismo modo le solicitan al  Incoder  que  de su presupuesto  compre tierras  para constituir un territorio  campesino propiamente dicho en las dos  zonas de reserva campesina  promovidas por el estado en la región de los Montes de María y mitigar así el avance incontenible de la palma, la teca y
la ganadería capitalistas. El Incoder debería defender la economía campesina, y una forma posible de hacerlo sería impedir y limitar el crecimiento del área sembrada en palma aceitera y teca, con base en las normas que establecen las funciones sociales y ecológicas de la propiedad consignadas en laConstitución política.

En este sentido, los campesinos consideran que es necesario formular nuevas políticas públicas que apoyen, incentiven y defiendan la economía, la cultura y el modo de vida y del ser campesinos, afrodescendientes e indígenas, porque las políticas existentes privilegian, priorizan e incentivan al gran capital, a los grupos económicos y a las multinacionales, en suma  al modelo agroexportador, para lo cual desde el gobierno nacional se están adecuando  los dispositivos institucionales y normativos para favorecer  a los inversionistas, lo que se evidencia en el proyecto de tierras y
desarrollo rural del gobierno del presidente Santos, mediante la figura del derecho real de superficie, figura jurídica que se convierte en una amenaza más para el modelo de desarrollo, la propiedad y la vida campesina.

Una política pública de tierras favorable a los campesinos tiene la obligación moral de resolver o contribuir a resolver significativamente el mayor problema de tierras que tiene el país: la excesiva concentración de la tierra en manos de unos pocos grandes propietarios y narcotraficantes, que  se
expresa en un coeficiente de Gini de 0,86-0,92, segundo índice de concentración de tierras en Latinoamérica, después del de Paraguay, que lo tiene en 0,93.

El proceso histórico que se ha vivido en Colombia, que desde la conquista y la colonia ha permitido la consolidación de  un proceso de alta concentración, acentuado y profundizado por el efecto  del conflicto armado interno sobre la propiedad de la tierra, que terminó por reconcentrarla entre 1995 y 2005,  solo puede resolverse mediante una política pública de tierras redistributiva, que tenga como punta de lanza una reforma  agraria integral y democrática, otra de las propuestas campesinas a la mesa de concertación y en proceso de la cual las zonas de reserva campesina deben convertirse en un primer escalón.

Infortunadamente, el proyecto gubernamental de tierras y desarrollo rural renuncia a la reforma agraria como instrumento central para resolver la problemática de la tierra que el estado y las elites políticas han sido incapaces de resolver desde las primeras décadas del siglo  veinte. Al contrario, no  solo renuncia a ella, sino que ofrece unos procedimientos ordinarios para acceder a la tierra, por la vía del subsidio y las convocatorias públicas que seguirán profundizando la exclusión de los pobres del campo, de los sin tierra y de los que tienen muy poca, cuando lo que requieren los campesinos, afrodescendientes e indígenas es un tratamiento especial, como actores sociales claves a quienes el estado debería reconocerle los derechos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales y debería garantizarles todos los bienes públicos y los bienes de mérito que sus vidas y proyectos están exigiendo.


1 Ver informe de Carmen Andrea Becerra. “El difícil camino de la restitución de tierras en los Montes de María”. La Silla Vacía. 19 de noviembre de 2012. http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/37202/carmen-andrea-becerra-becerra/el-dificil-camino-de-larestitucion-de-tierras


2 “La otra cara de la palma en María la Baja”. Comunicado dirigido a revista Semana, por Organizaciones de Población Desplazada
(OPD) de María La Baja,  el  Instituto Latinoamericano por un Derecho y una Sociedad Alternativos (Ilsa),  la  Corporación para el Desarrollo Solidario (CDS), el Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad Javeriana y el Equipo Tierras y Víctimas del Cinep/PPP. Ver comunicado en http://cinep.org.co

3 El análisis de la situación ambiental a la que se enfrenta esta mesa de interlocución es más desarrollada en el artículo Modelos de Desarrollo en Montes de María de esta misma edición del Boletín electrónico del Observatorio.

4 En este link puede acceder a las ponencias presentadas durante el Foro regional campesino realizado en María la Baja en agosto de 2012, y que contiene parte las propuestas que se han complementado en los encuentros zonales de campesinos, afrodescendientes e indígenas.


Bibliografía
Mançano, Bernardo (2010).  “Territorio, teoría y política”. Ponencia presentada al Seminario internacional sobre desarrollo rural realizado por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá en el año de 2010.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2011. Colombia rural, razones para la esperanza. Informe de desarrollo Humano 2011. Naciones Unidas. Bogotá.


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