PLIEGO NACIONAL DE
PETICIONES AGROPECUARIAS Y POPULARES PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR - 19 DE
AGOSTO DE 2013
Las organizaciones agrarias y populares
en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e
intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con
Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación
y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por
décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.
La Constitución Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante
la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos
tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de
estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad.
Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la
injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido
constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a
políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la
deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos
pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con
nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes
y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so
pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos
hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el
mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo
un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria,
minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los
intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e
internacional.
El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005),
indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas
y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias
diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad
de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de
generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido
una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el
contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo
son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD
(2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág.
63). Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el
75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la
población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este
porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado
históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.
No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto
asciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra
realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y
dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política
para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de
multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y
la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación,
salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en
el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha
aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con
paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de
la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos
gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria
no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre
de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se
encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños
menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en
situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en
acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas
en las poblaciones rurales y urbanas.
Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones,
audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a
acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el
gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en
la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de
estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus
diferentes instituciones.
Frente a este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con
las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la
participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política
pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana,
afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy
día tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la
economía nacional y la fortalezca.
La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es
fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades
rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la
participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de
Regalías y en especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda,
Agricultura, Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el
Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación,
en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que
aquejan los pobladores rurales y urbanos.
Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al
gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la
producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños
y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el
ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación,
salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Las organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el
Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales,
económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor
manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De
parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y
conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario
que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar
a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario
para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y
abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a
sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización,
en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1.1 Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción
campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el
mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración
efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores.
Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra
las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta
de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del
Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso
a los mercados en las ciudades.
1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas
tarifas con transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás
insumos agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción
limpia y agroecológica.
1.4. Exigimos la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una
política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y
amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y
comercialización agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo
relativo a la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los
encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la
promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un
fondo nacional para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los
mercados.
1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios,
particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos.
Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos
productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión
Europea, Corea y demás países.
1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos
productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política
de subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de
condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción
agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación
del sector privado del sistema financiero.
1.9. Diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la
economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales,
económicas, y ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país,
la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas
y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o
están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe
ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a
compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la
adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías
que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social,
inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía
campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.
2.2 La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el
INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor
cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e
indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las
comunidades sobre los territorios ya adjudicados.
2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las
operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital
extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen
parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los
procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras
concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen siendo poseedores, para
luego adjudicarlas a éstos.
2.5 Garantizar el estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en
todos los procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las
adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de la misma, así como la
generación de las condiciones que garanticen el nivel de ingresos y de
sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES
E INDÍGENAS
3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina
(ZRC) en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su
constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias
públicas de las ZRC.
3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas
de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un
término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las
Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
3.4 Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas
de Reserva Campesina.
3.5 Respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo
y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre
las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo
agroempresarial.
3.6 Celeridad en el trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos
indígenas y territorios colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos
ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de
coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la
constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y
convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y
territorialidades.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS
TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA
Y ENERGÉTICA.
4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones
efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales
la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de
las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden
garantías para la minería artesanal.
4.2 Respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya
realizadas.
4.3 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.4 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las
comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los
tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los
efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación
nacional y local de los réditos económicos.
4.5 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación
nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
4.6 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de
megaminería en ejecución y en proyección, como base para la toma de
definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos
estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la
ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre
e informado de las comunidades.
4.7 Sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de
Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento
Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre
vocación del suelo.
4.8 Suspender la construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
4.9 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
5.1 Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados
en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos
aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la
ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la
legislación interna y en las políticas públicas.
5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas
directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la
población rural.
5.3 Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las
comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en
lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias
de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y
desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de
mecanismos definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación
Nacional de Cafeteros.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN,
SALUD, VIVIENDA, SERVICION PÚBLICOS Y VÍAS.
6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población
rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y
preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus
modos de vida.
6.2 Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la
concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como
derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.
6.3 Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la
educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y
condiciones laborales.
6.4 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así
como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice
el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales
para el campo.
6.5 Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos,
indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento
en riesgos profesionales.
6.6 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y
dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento
básico, agua y alcantarillado.
6.7 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los
municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un
criterio social.
6.8 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos
y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
6.9 Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.10 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que
correspondan a los costos y no a la especulación.
6.11 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las
comunidades con criterio social y no empresarial.
6.12 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de
vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho
de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y
quienes están en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
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